Fecha: 02-03-2026

La merma presupuestaria y la falta de financiamiento hará retroceder a la universidad

Lo afirma un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), que sostiene que el ajuste impacta principalmente sobre los depreciados salarios.

La merma presupuestaria y la falta de financiamiento hará retroceder a la universidad

Un ajuste sin parangón en la historia reciente, que impacta centralmente en los salarios de docentes y trabajadores, la reducción prespupuestaria a niveles de 20 años atrás, y la amenaza de reemplazar la ley de financiamiento vigente, aún no aplicada, por un proyecto regresivo que deja fuera la posibilidad de una recomposición real. Estos son los tres ejes sustanciales del informe La política universitaria
de Milei: Desfinanciamiento y alternativas para 2026 elaborado recientemente por el Centro de Investigación de Economía Nacional (Cien).

El informe sostiene que el ajuste universitario impactó principalmente sobre los salarios, que representan casi el 88% del presupuesto del sistema. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario docente universitario perdió 31% de poder adquisitivo. En ese sentido, apunta, si se cumpliera la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA para 2026, la pérdida podría ampliarse hasta aproximadamente 37% respecto de noviembre de 2023.

Con respecto a la depreciación salarial, el trabajo resuelve que el 86,1% del ajuste total del sistema se explica por la reducción del gasto salarial. Según expone, en noviembre de 2015, un profesor adjunto con dedicación simple cobraba (a precios de diciembre 2025) $663.086. En diciembre de 2025, el salario se ubica en $334.080. Esto implica "una caída cercana al 50% respecto de 2015". Esta dinámica diferencia al sector universitario del resto de la economía: mientras el sector privado recuperó niveles previos a diciembre de 2023 y el sector público general estabilizó su caída, el salario docente universitario continuó deteriorándose.

El Cien analiza el ajuste mileista aplicado entre 2023 y 2025, con proyección a 2026. Así, plantea que el período 2023–2025 el presupuesto del Programa 26 (Desarrollo de la Educación Superior) cayó 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025. En 2025, el presupuesto registró una caída real del 5,4% respecto de 2024 y del 28,9% respecto de 2023. De esa caída acumulada, 17,1 puntos se explican por salarios docentes y 7,8 puntos por salarios no docentes (en conjunto, 86,1% del ajuste). Pero también otras partidas también sufrieron recortes significativos, entre ellas lo destinado a Extensión universitaria: -97,8%; Promoción de carreras estratégicas: -31,1%; Funcionamiento universitario: -22,7%; Ciencia y técnica: -15,8%.



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Rechazo universitario a un proyecto de financiamiento que reemplaza al vigente


Según el informe, el presupuesto 2026 se ubicaría entre 32% y 39% por debajo de 2023 en términos reales, según el supuesto inflacionario utilizado. Esto lo haría retroceder a niveles equivalentes a 2006–2007, según el Cien. Además, si el gobierno avanza con la no implementación de la Ley 27.795 y en cambio insiste en promover un proyecto que reformula, a la baja, lo propuesto por aquella norma, se corre el riesgo de perder el reconocimiento de deudas salariales 2023–2024, tener aumentos insuficientes a lo largo del año, y la falta de una recomposición integral del sistema educativo superior.

Para cumplir con la ley que el Congreso defendió el año pasado, el presupuesto 2026 debería incrementarse en aproximadamente $3,1 billones adicionales, equivalentes al 2,1% del presupuesto nacional. La diferencia entre aplicar plenamente la Ley 27.795 y el proyecto oficial es sustantiva, según el Cien: la ley permitiría recomponer salarios a niveles de 2023, mientras que la propuesta del Ejecutivo consolida la pérdida y no garantiza protección frente a la inflación.

En síntesis, según el informe del CIEN la decisión central en discusión no es sólo técnica sino política: aplicar la ley implicaría una recomposición significativa del financiamiento universitario; no hacerlo consolida un proceso de desfinanciamiento estructural del sistema.

El documento que puede leerse completo aquí, concluye con una valoración de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad, que representa "una herramienta concreta de movilidad social y desarrollo profesional" y en lo colectivo, "un pilar estratégico para cualquier proyecto de desarrollo económico con inclusión y para la producción nacional de conocimiento científico y tecnológico".